Ante el Concejo de Soledad fue presentada una recusación, por conflicto de intereses, contra los miembros de la Corporación, para que se declaren impedidos para continuar tramitando el proyecto de Acuerdo mediante el cual se faculta al Alcalde para estructurar, seleccionar el contratista y ejecutar el esquema contractual en la búsqueda de un nuevo operador para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

La recusación fue solicitada por la ciudadana Yusdanys Patricia Barranco Álvarez argumentando que en la página web del Concejo no figuran registros de las deliberaciones del proyecto en primer debate.

En consecuencia, solicitó que los concejales “se declaren impedidos para continuar el trámite en segundo debate con el que se pretende contratar a un nuevo operador de servicios, hasta que efectivamente el proyecto en estudio contemple todas las garantías para la continuidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado”.

“Es importante señalar que los habitantes del municipio de Soledad lo que hemos podido concluir es que con el proyecto de acuerdo a la Administración Municipal y a la mayoría de los miembros del Concejo les interesa es la contratación de un nuevo operador, sin que se garantice el derecho al agua potable y saneamiento básico como un interés general que debe primar en la iniciativa que se viene debatiendo en el Concejo, para garantizar así la continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”, precisa en su solicitud.

Por la anterior razón, agregó, “los concejales deben declararse impedidos toda vez que en el primer debate no se observó que está primando en la iniciativa el interés general de la comunidad que es contar con los servicios de acueducto y saneamiento básico en estos tiempos especiales de pandemia, viéndose vulnerados los derechos fundamentales. Los habitantes de Soledad solo hemos visto como los concejales cuestionan la prestación de los servicios por parte del operador actual, sin tener en cuenta que se está poniendo en riesgo la prestación de unos servicios que requiere la comunidad para la satisfacción de sus necesidades básicas”.